La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid-19 ha supuesto un terremoto para el mundo empresarial, que se ha enfrentado, de forma imprevista y radical, a la constatación de dos lecciones que se vienen repitiendo en las últimas décadas: que la economía depende directamente de las personas y que aquellas compañías que ya se guiaban por política construidas con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y no sólo financieros, han demostrado mucho más resiliencia ante situaciones adversas. La visión transversal, la integración de los riesgos extra-financieros en las estrategias, la innovación para avanzar hacia modelos más sostenibles –en productos, procesos y gestión- y la mejora de la relación y compromiso con sus grupos de interés se han traducido en experiencias que demuestran la relación directa entre responsabilidad, sostenibilidad y valor económico (valor compartido).
La crisis de 2008 ya situó a las empresas ante el reto de replantearse qué quieren ser, para qué, su forma de hacer las cosas, de relacionarse con su entorno y con todos sus grupos de interés y hacia dónde quieren avanzar. En la última década, se ha dado un gran salto desde la responsabilidad social entendida como filantropía a una visión estratégica e integrada en todos los ámbitos y partes de las organizaciones.
El comportamiento de las empresas cotizadas nos ofrece datos concretos y contrastables de esta mayor fortaleza y capacidad de reacción de las empresas gestionadas con estrategias de sostenibilidad. Cada vez disponemos de más información, herramientas e indicadores para medir tanto el desempeño ASG como el impacto social de empresas cotizadas y emisores de deuda. En los últimos meses, estos valores se han mostrado más resilientes en las caídas y más ágiles en la recuperación. Un claro ejemplo, en el caso del índice bursátil MSCI Europe ESG Leaders, que no solo ha superado el impacto de la crisis mejor que el resto, sino que ha tenido su mejor comportamiento en los últimos dos años.
Sin duda, una de las grandes lecciones de la actual crisis es que ser una entidad resiliente no solo implica ser capaz de sobreponerse y superar momentos críticos, sino también, y sobre todo, ser capaz de adaptarse, de evolucionar.
Si algo ha caracterizado en los últimos meses al sector empresarial ha sido su capacidad de reacción y de actuación. Son innumerables los ejemplos de organizaciones que han reorientado producción, han abierto nuevas líneas de I+D y han desarrollado acciones con impacto social para demostrar su compromiso y responsabilidad ante los efectos globales y personales de la pandemia.
Los riesgos de ‘geosalud’ (geohealth risks) han irrumpido para quedarse en nuestra ecuación de toma de decisiones, a la vez que abren oportunidades de nuevos desarrollos de soluciones innovadoras y cambios transformadores, en línea con los grandes movimientos que se están produciendo en otras grandes áreas –como energías renovables, movilidad sostenible, descarbonización o alimentación saludable, entre muchas otras-.
En los últimos años, las grandes corporaciones están exigiendo políticas de sostenibilidad a sus proveedores y sociedades participadas; proliferan los estudios que avalan la preferencia de los consumidores por productos y empresas que actúan con criterios responsables y sostenibles, y la Inversión Socialmente Responsable (ISR) -que supone la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión-, está creciendo a doble dígito en el mundo desde hace varios años –con gigantes como BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, liderando este movimiento, al renunciar a inversiones que no cumplan con criterios ASG-.
En el caso concreto de España, el volumen de la ISR se ha multiplicado por seis en nueve años y ya está integrada en un tercio de los fondos de inversión que se comercializan. Se esperan crecimientos de en torno al 20-30% en volumen en los próximos ejercicios y el sector financiero está dando un peso creciente a este tipo de criterios al aprobar operaciones de financiación a empresas. Esto supone que serán las empresas sostenibles las que tengan mayor y más fácil acceso a recursos.
Un informe de 2019 de la Business Commission apuntaba que las oportunidades de desarrollos vinculadas a la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030 podrían contribuir a generar 380 millones de empleos y ayudar a desbloquear al menos 11 billones de euros en inversiones para el año 2030. Unos números que, sin duda, habrá que revisar tras los últimos acontecimientos, que han acelerado las iniciativas y proyectos con impacto social y medioambiental.
Si en algo existe pleno consenso es en que la integración de la gestión social y ambiental en la estrategia global de la organización no tiene marcha atrás en el mundo empresarial y financiero. El presente y el futuro corresponden a las entidades responsables y sostenibles.
