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La inversión en I+D+i en España crece, pero no lo suficiente

La inversión en I+D en España ascendió a 14.052 millones de euros en 2017, lo que supuso un aumento del 6% respecto al año anterior, según los últimos datos del INE. Dicho gasto representó el 1,20% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,19% del año 2016. Sin embargo, sigue muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 2,07% del PIB. Tal y como señala el informe de EAE Business School sobre La inversión en I+D+i, 2018. Análisis de la situación a nivel internacional, nacional y autonómico, “los datos sobre I+D+i en los que basar nuestro cambio de modelo y la sostenibilidad del crecimiento, no acompañan a los de crecimiento económico. La distancia en I+D+i con Europa, que aumentó durante la crisis, no sólo no se reduce, sino que crece”.

Y a pesar de que las peticiones de patentes han crecido un 6% en 2018, la cifra más alta en seis años, y a la mejora del gasto sobre PIB hay una cifra que demuestra que todavía estamos lejos de conseguir acercarnos a Europa: sólo entre 2010 y 2012 el número de empresas innovadoras pasó de 32.041 a 20.815, fecha a partir de la cual el descenso se atenúa hasta alcanzar las 18.269 en 2015, según el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Eso teniendo presente que la innovación es uno de los factores clave para la competitividad de empresas, países y regiones. Además, la apertura al exterior de nuestras compañías les obliga a mantener unos niveles de I+D+i superiores, con el fin de no perder competitividad y presencia en los mercados exteriores. Sin embargo, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020) reconoce que el escaso desarrollo de fuentes de financiación alternativas, el reducido tamaño de las empresas y las barreras que limitan su crecimiento, así como las bajas capacidades de absorción, especialmente en las pymes, frena la absorción de conocimientos y tecnología.

Aún así, según los últimos datos del INE, el sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D interna, con un 54,9% (lo que significó el 0,66% del PIB). Le siguió el sector Enseñanza Superior, con un 27,1% (el 0,33% del PIB). Por su parte, el gasto en I+D interna de la Administración Pública supuso el 17,8% del gasto nacional (el 0,21% del PIB). El 0,2% restante correspondió a Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL). Comparando el gasto en I+D de 2017 con el del año anterior, éste aumentó un 8,3% en las Empresas, un 4,4% en la Enseñanza Superior y un 1,7% en la Administración Pública.

El aumento de la inversión en innovación conseguirá mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas. Eso se traducirá en una mayor competitividad del tejido empresarial español. No se trata de invertir cientos recursos de golpe, sino de adaptar los procesos hacia el cambio y mejoras constantes. ¿Cómo mejorar estas cifras?

  • Más inversión pública. La I+D+i es una partida que suele recortarse cuando hay problemas de financiación. Todavía no hemos vuelto a los niveles de inversión anteriores a la crisis y eso está provocando el retraso respecto a la Unión Europea. En 2008, momento en el que España más se acercó a la media europea, la brecha era de 28 puntos porcentuales. En la actualidad es de 42.
  • Incrementar los incentivos a la inversión privada. Es necesario generar más estímulos fiscales para que las empresas impulsen esas inversiones.
  • Fomentar la cooperación entre centros tecnológicos, universidades y empresas. El éxito de la cooperación con empresas está en el ADN de los centros. Es necesario impulsar la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y universidades, por el impacto que tendrían en la mejora de los indicadores de inversión empresarial en I+D+I, y por el impulso a la competitividad que supondría esta colaboración.
  • Necesidad de un Pacto de Estado por la Innovación. Además de acciones puntuales es necesario contar con un proyecto a largo plazo (más allá de una legislatura, por ello es necesario el compromiso de todos los partidos políticos) y que tenga como objetivo el ‘blindaje’ de políticas públicas que se consideran necesarias para el fomento de la I+D+i.

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